Desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿cuál consideran que es el mayor desafío que enfrentan los tribunales locales al integrar la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos en el derecho interno? Me interesa discutir si la falta de unificación de criterios genera una inseguridad jurídica latente o si, por el contrario, permite una adaptación necesaria al contexto normativo de cada Estado. Sería valioso profundizar en la doctrina del margen de apreciación frente a la jerarquía de los tratados en el bloque de constitucionalidad